La capital de Colombia será la principal turbina de la economía del país en un año en el que se espera que despeguen varias actividades económicas.
Los expertos afirman que Colombia tiene una deuda histórica con el desarrollo y el progreso. Este rezago histórico es la infraestructura vial. Por lo anterior, los proyectos público-privados que promueven la construcción de vías, puentes, túneles e interconexiones regionales son fundamentales para salir de un retraso de más de 50 años.
El primer año de las administraciones locales por lo general es un periodo de baja inversión: alcaldes y gobernadores se dedican a elaborar sus Planes de Desarrollo. Pero este año, la crisis suscitada por la pandemia concentró los esfuerzos de los mandatarios regionales en aliviar su impacto. De hecho, las fuertes secuelas económicas del coronavirus obligaron a muchos gobernantes a ajustar los lineamientos, metas y proyectos para poder llevar a cabo su gestión.
Luego de algunos análisis preliminares, la segunda línea de metro que iría hasta Suba y Engativá, tendría un costo de construcción y financiamiento de 16 billones de pesos. La cifra definitiva se conocerá luego de los análisis que se adelantarán en 2021.
El sector de la infraestructura demuestra que es un potente motor de desarrollo en medio de la actual crisis económica. Así se ha evidenciado en países como China. El comportamiento del PIB del gigante asiático en el último trimestre, comparado con el reportado entre julio y septiembre de 2019, muestra una tasa de crecimiento del 4,9 por ciento. Esta tendencia positiva es el resultado de su estrategia nacional. Durante las cuarentenas por el covid-19, el gobierno de Xi Jinping aceleró la ejecución de las obras civiles, que se llevarían a cabo las 24 horas del día, sin cambios en las condiciones laborales y en otros costos. Estas medidas, discutibles o no, generaron empleos. De tal forma se resolvió, de manera parcial, la crisis laboral que afrontaba la república por cuenta de la caída en el sector de manufactura.
Durante el 2020, el ente de control fiscal ha emitido alertas sobre 103 proyectos del Fondo de Adaptación que llegan a un valor de $561.735 millones y que tienen como fin mitigar el riesgo en las poblaciones que produce el cambio climático.